En el artículo de hoy de Abogados Cabo hablaremos del derecho procesal, que es el conjunto de leyes dedicadas a la regulación de la actividad jurisdiccional estatal y federal. Su estudio incluye la organización del poder judicial, así como la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, además de la actuación de los jueces y de las partes en un proceso determinado.
Derecho Procesal
El Derecho Procesal es el que regula la forma, los medios, las actuaciones y relaciones en un procedimiento judicial.
El derecho procesal también es definido como la ciencia jurídica dedicada a estudiar los principios y normas relacionados con la actividad judicial cumplida a través del proceso por los órganos del estado y demás intervinientes, de tal modo que se organice la magistratura con base en sus funciones, según las categorías de cada integrante, y con la especificación de modos y presupuestos en el trámite procesal.
¿Qué es un proceso?
El derecho procesal tiene como objeto exclusivo al proceso, que es una relación jurídica desenvuelta de modo progresivo entre el tribunal y las partes. Un proceso está sometido a prescripciones jurídicas determinadas y tiene el objetivo de resolver un conflicto entre dos partes, a través de un juicio.
Divisiones del derecho procesal mexicano
Para el estudio del derecho procesal mexicano se puede recurrir a la clasificación propuesta por Héctor Fix-Zamudio, en su libro Juicio de Amparo (1964), en tres partes:
- Derecho procesal dispositivo. Regido por el principio dispositivo y en el cual se incluyen tanto al derecho mercantil como al civil.
- Derecho procesal social. Orientado por el principio de justicia social o de igualdad por compensación. Agrupa al derecho procesal del trabajo, al derecho procesal de seguridad social y al derecho procesal agrario.
- Derecho procesal inquisitorio o publicístico. Contiene al derecho procesal penal, el derecho procesal familiar y del estado civil, el derecho procesal administrativo y el derecho procesal constitucional.
Todas estas ramas tienen su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, documento en el cual se definen los deberes y obligaciones de los ciudadanos mexicanos, a la par que se establece la soberanía del pueblo y se le da reconocimiento al derecho de asociación, así como de reunión.
Para el análisis del derecho procesal en México se deben señalar los artículos 17, 14 en su párrafo segundo, 13 y 16 de la mencionada constitución.
«Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales».
Artículo 17
En este caso, se prevé la gratuidad del servicio de los tribunales y el establecimiento de los medios necesarios a través de leyes federales y locales para garantizar la independencia de los tribunales, así como la ejecución de sus determinaciones.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Artículo 14. Párrafo segundo
De este modo, se prevé la garantía de audiencia, consistente en que los ciudadanos mexicanos no pueden ser liquidados, privados de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos sin un juicio previo ante los tribunales.
En dicho juicio se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento; por lo que la garantía de audiencia constituye la principal defensa que tiene un ciudadano respecto a los actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de sus bienes y/o derechos.
La garantía de audiencia constituye un derecho frente a las autoridades administrativas y judiciales, así como frente a la autoridad legislativa. Por tanto, se deben consignar los procedimientos necesarios en defensa de los intereses del individuo previamente al acto de privación. De este modo se brinda la oportunidad de rendir pruebas, además de la formulación de alegatos.
«Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales».
Artículo 13
«Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento».
Artículo 16
Esto se refiere a la obligación de todos los órganos de autoridad, incluidos los juzgadores, de fundamentar bajo la ley todos sus actos que impliquen alguna afectación, aun cuando sea parcial, en los derechos de los ciudadanos. Además de estos cuatro artículos, la Constitución mexicana establece las bases para la organización de los tribunales federales así como del Ministerio Público.
Importancia del derecho procesal
La importancia del derecho procesal radica en que si se comete algún error en las formas o métodos, en la utilización de los medios o en el cumplimiento de los plazos, puede haber retrasos o desestimarse una petición. Para mayor información sobre derecho procesal mexicano se recomienda buscar a un abogado experto en la materia.
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